Hogar Sagrada Familia:

De la obra social local al laberinto competencial que deja 64 plazas públicas y medio centenar de empleos en el aire

Un legado solidario con fecha de caducidad

Por : Luz Carmen Vargas

1 de Mayo 2025.

El edificio del Hogar  Sagrada  Familia nació como obra social de Caixa Rural San Isidro y se cedió al Ayuntamiento de La  Vall  d’ Uixó para uso asistencial de personas mayores “desde la década de 1970”. Sigue perteneciendo a la cooperativa, de modo que el consistorio solo ostenta un derecho de uso. Esa titularidad privada ha terminado siendo la piedra angular del conflicto: la Generalitat alega que no puede invertir dinero público en un edificio ajeno, mientras el Ayuntamiento defiende que el servicio es competencia autonómica y debería integrarse en la red pública.

Quién paga y quién manda

Las 64 plazas de la residencia y las 15 de centro de día están financiadas por la Generalitat a través de un contrato‑programa de 1 737 123,84 € anuales; la Conselleria de Servicios Sociales recalca que el Ayuntamiento no paga la estancia, solo gestiona el servicio.

Financiador de la atención → Generalitat Valenciana

Gestor diario y plantilla → Ayuntamiento de La Vall d’Uixó

Propietario del edificio → Caixa Rural San Isidro

El pulso político entre Ayuntamiento y Generalitat

En marzo de 2025 el consistorio de Tania Baños ordenó el traslado urgente de los residentes alegando informes que desaconsejaban seguir en un edificio “obsoleto e inseguro”. La Generalitat replicó que el Ayuntamiento “no ha hecho las obras” y recordó que el proceso de traspaso de la residencia —iniciado por el anterior gobierno autonómico— ha quedado pospuesto a 2030 con la nueva ley. El resultado es un bloqueo en el que ninguna de las dos administraciones acomete la reforma estructural que el edificio necesita.

Voces desde dentro

Las trabajadoras interinas, apoyadas por familias de usuarios, presentaron el 29 de abril un manifiesto en el pleno municipal donde denuncian “nula transparencia” y la pérdida de empleo público pese a haber mantenido la residencia sin muertes por Covid‑19. El documento ha reavivado el debate social y evidenciado la fragilidad laboral del modelo.

Además, durante la mañana del viernes 2 de mayo, se realizó una concentración afuera del mercat municipal coincidiendo con el mercadillo ambulante, con el objetivo de recoger firmas de la ciudadanía y evitar el cierre del hogar. La iniciativa, también ha sido respaldada por la Asociación Public Sí. En varios comercios de la Vall d Uixó, colaboran con la iniciativa permitiendo a la población firmar en dichos establecimientos.

La alternativa: el nuevo centro privado Novaedat

Con el cierre del Hogar, el Ayuntamiento comenzará a derivar a algunos de los mayores a la residencia privada: Novaedat Vall d’Uixó, inaugurada en 2025 con 120 plazas y gestión íntegramente privada. No existe, de momento, ningún acuerdo público que reserve plazas concertadas en este centro, de modo que su financiación depende de las familias o de las ayudas individuales de dependencia. La Conselleria, por su parte, ofrece recolocar a los usuarios en otras residencias públicas y seguir costeando sus plazas con el contrato‑programa.

¿Qué puede ocurrir ahora?

Rehabilitar el Hogar. Requiere un pacto tripartito con Caixa Rural para clarificar la titularidad y un presupuesto millonario que ninguna administración asume hoy.: Construir una residencia pública nueva. El Ayuntamiento ha cedido suelo en el barrio de Carmaday y pide a la Generalitat que lidere el proyecto, pero los plazos serían largos y la inversión alta.

Derivación definitiva a centros privados. Solución inmediata para los usuarios, aunque transfiriendo gasto corriente a la Generalitat y perdiendo empleo municipal especializado.

Conclusión

La crisis del Hogar  Sagrada  Familia retrata los límites del modelo mixto de servicios sociales en la Comunitat Valenciana: cuando titularidad, financiación y competencias no coinciden, la responsabilidad se diluye y pierden tanto las personas mayores como las trabajadoras que las atienden. Mientras el reloj del usufructo cedido por Caixa Rural sigue corriendo y el diálogo institucional permanece estancado, el futuro de este histórico centro depende de que Ayuntamiento y Generalitat prioricen el cuidado de las personas sobre la disputa competencial.